Cómo preparar tu empresa para una inspección de trabajo en 2026 (checklist completo)
El control de la jornada laboral sigue siendo un tema clave en el día a día de las empresas españolas. Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, todas las compañías están obligadas a registrar el inicio y el fin de la jornada de cada empleado.
Pero la normativa no es estática: cada año aparecen ajustes, nuevas interpretaciones y campañas de inspección que conviene tener en el radar. En este artículo te contamos qué cambia en 2025, qué sanciones puedes evitar y cómo transformar esta obligación en una herramienta de gestión útil para tu equipo.
La normativa actual establece que:
El registro debe ser diario e incluir hora de entrada y salida.
Los datos deben conservarse durante cuatro años.
Están disponibles tanto para la Inspección de Trabajo como para el propio empleado.
El incumplimiento conlleva multas que van desde 751 € hasta 7.500 €, según la gravedad. Para muchas empresas, el problema no es tanto cumplir, sino cómo hacerlo de manera sencilla, sin añadir burocracia.
Aunque el marco legal no cambia en lo esencial, en 2025 hay aspectos que cobran más relevancia y en los que la Inspección de Trabajo ha puesto el foco:
Mayor control sobre las horas extra
Se intensifican las campañas para detectar abusos de horas extraordinarias no pagadas ni compensadas.
El registro horario será la base de prueba en caso de inspección.
Flexibilidad y teletrabajo
Con el crecimiento del trabajo híbrido y remoto, se exige mayor claridad en cómo se registran las horas fuera de la oficina.
Las empresas deben garantizar que el registro sea igual de válido desde casa.
Digitalización como recomendación oficial
La Administración valora positivamente el uso de software especializado frente a registros en papel o Excel, por su mayor fiabilidad y trazabilidad.
Transparencia para empleados
Se refuerza el derecho de los trabajadores a consultar fácilmente su registro horario y saldo de horas.
Las sanciones económicas son lo más visible, pero no lo único:
Multas directas: desde 751 € (infracción leve) hasta 7.500 € (muy grave).
Demandas laborales: empleados que reclaman horas extra no registradas.
Daño reputacional: la percepción de falta de transparencia afecta la confianza interna y externa.
Costes ocultos: tiempo perdido en justificar registros mal gestionados.
Más que una carga, el control horario puede convertirse en un aliado de la productividad si se gestiona correctamente. Algunas claves:
Automatizar registros con software especializado para reducir errores.
Analizar datos para detectar picos de carga, absentismo o exceso de horas extra.
Mejorar la planificación de turnos y vacaciones en base a información real.
Dar acceso a los empleados, fomentando transparencia y confianza.
Imagina una pyme de 30 empleados que usa hojas de cálculo para fichar:
Cada revisión mensual consume varias horas del responsable de RRHH.
Los errores son frecuentes: fichajes olvidados, ajustes manuales, duplicados.
Ante una inspección, la información es difícil de organizar.
En cambio, con un software de control horario:
Los empleados fichan desde el móvil o el ordenador, incluso en remoto.
Los datos quedan guardados automáticamente en la nube.
Los informes se generan en segundos y se exportan para auditorías.
El ahorro de tiempo y la reducción de errores compensan rápidamente la inversión.
Antes de cerrar este artículo, aquí tienes una lista rápida para verificar si tu empresa está preparada:
¿Tienes un sistema de registro diario obligatorio para todos los empleados?
¿Conservas los registros durante al menos 4 años?
¿Permites que los trabajadores consulten sus horas y ausencias fácilmente?
¿El sistema funciona también en teletrabajo o híbrido?
¿Puedes generar informes claros en caso de inspección?
¿Tienes controladas las horas extra y su compensación?
Si has dudado en alguna, es un buen momento para revisar tu sistema.
La normativa laboral en España para 2025 no introduce un cambio radical, pero sí acentúa el control y la necesidad de sistemas fiables. El registro horario es obligatorio, pero también puede convertirse en una ventaja competitiva: mejora la transparencia, optimiza la gestión y evita sanciones.
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